Luis Onofa
Poco a poco, el trauma que dejó en el país la trágica
muerte de Paúl Rivas, Xavier Ortega y Efraín Segarra, integrantes del equipo
periodístico del diario El Comercio, de Quito, parece irse desvaneciendo en
medio de la dinámica agenda mediática y política. Sin embargo, aún hay
preguntas que tienen que contestar quienes quedaron inmersos en el episodio,
por responsabilidad frente al dolor de sus familiares, por el país y por la
profesión periodística.
De partida, la primera responsabilidad es del grupo
armado encabezado por Walter Arizala Vernaza, al que se le atribuye el
asesinato. Pero, en relación al diario para el que trabajaban las víctimas, no
basta media página de agradecimiento al país en solidaridad con quienes fueron
sus trabajadores. ¿Bajo qué circunstancias y con qué instrucciones de su diario
fue el equipo periodístico a la zona de enfrentamientos? ¿Había analizado el
diario los riesgos que iban a correr sus integrantes? Se conoce que otros
reporteros del periódico habían estado con anterioridad en la zona y es de
suponer que recogieron información que debía haber permitido al diario calibrar
el nivel de riesgo.
“Siempre se debe desarrollar una evaluación de la
seguridad antes de una cobertura potencialmente peligrosa, alistar contactos
confiables y establecer siempre un procedimiento exacto para los contactos en
forma regular”, aconseja el Manual de Seguridad para Periodistas del Comité para
la Protección de Periodistas (CJP).
La actuación del Gobierno ecuatoriano en el episodio
estuvo marcada por la ambigüedad. El propio Presidente Lenin Moreno dijo que
existían conversaciones “permanentes” con “intermediarios” para conocer el
estado de los secuestrados. A su turno, el entonces ministro del Interior de
Ecuador, César Navas, aseguraba que no existían negociaciones con los
secuestrados y descartaba una operación militar. Entonces, ¿qué tipo de
gestiones realizó el Gobierno ecuatoriano para salvar la vida de las víctimas?
¿Qué es lo que precipitó a los asesinos a ejecutarlos, cuando de por medio
estaban en camino gestiones para atender su pedido de liberación de miembros de
la organización delictiva presos en Ecuador? ¿Los asesinos, realmente ampliaron
sus exigencias? ¿Cuál fue el motivo por el que se rompieron las comunicaciones
que, se dice, se entablaron con el grupo armado?
Finalmente, ni los miembros del equipo periodístico de
El Comercio, ni los dos civiles secuestrados después - Katty Velasco y Óscar
Villacís-, fueron rescatados con vida.
¿Por qué los contingentes militares ecuatorianos que
estaban en la frontera dejaron pasar al equipo periodístico a la zona si, como
se dijo públicamente, estaba prohibido el ingreso de civiles a Mataje? ¿Cómo
fue posible que un policía ecuatoriano hubiese mantenido comunicación con el
jefe de los secuestradores? ¿Con que autorización contaba para esa operación?
¿Cuál es nivel de responsabilidad del gobierno
colombiano en este episodio? Colombia tiene una experiencia de décadas,
infinitamente mayor que la de Ecuador, en manejar este tipo de acontecimientos. Expertos
colombianos sostienen que su gobierno no ha hecho lo suficiente para poner fin
a las actividades violentas de los grupos que no se adhirieron a los acuerdos
de paz.
¿Cuál es el papel que jugaron los medios colombianos
en este episodio, en cuya cobertura mostraron una fluida información
proveniente de los secuestradores, mucho más rápida que la oficial entre los
gobiernos de Colombia y Ecuador? ¿De qué manera ese papel gravitó en el curso
de los acontecimientos?
En la lucha contra Arizala Vernaza, en lo que va del
año, han muerto cuatro militares. Recientemente murieron asesinados otros dos
civiles, igualmente secuestrados por el
mismo grupo. Sumados todos, son nueve las víctimas en lo que va de 2018. Cifra alta
para un país no acostumbrado a este tipo de acontecimientos.
La investigación del asesinato del equipo periodístico
está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo
trabajo tardará mucho tiempo en producir conclusiones. El presidente Lenin
Moreno dijo que estaba dispuesto a escuchar los errores que hubiese cometido en
el manejo del caso, pero con ello no devolverá la vida a Paúl, Xavier y Efraín,
ni a las restantes víctimas.
Los familiares del equipo periodístico asesinado y de
las otras dos víctimas civiles han peregrinado por el exterior, apenas con
apoyo diplomático y escaso respaldo político ecuatoriano, primero en la búsqueda
de apoyo para el rescate de los secuestrados y luego para el hallazgo de sus
cadáveres. A los familiares de las dos últimas víctimas civiles se los vio emprender
una rifa en una dramática búsqueda de caridad pública para reunir fondos.
De Paúl, Xavier y Efraín se ha dicho que son héroes,
que son mártires, o que el precio que pagaron por pasar a la gloria es alto.
Ninguno de esos calificativos les cabe, porque no se les pasó por su mente nada
de eso. Ni siquiera pensaron en morir en su misión periodística, porque como
cualquier ser humano, con seguridad, amaban la vida. Si no hubiese sido así, no
habrían enviado ese video en el que pidieron al Gobierno ecuatoriano que haga
todo lo posible para liberarlos vivos de manos de sus secuestradores.
Las coberturas periodísticas de riesgo necesitan de
protocolos de seguridad rigurosos para los reporteros. Esa es una práctica
usual en zonas de conflicto en algunas partes del mundo. Ecuador no los tiene,
salvo que los haya en casos particulares. En la avalancha de opinión generada
por el Gobierno ecuatoriano y los medios sobre las reformas a la Ley Orgánica
de Comunicación, nada se dice sobre ese tema. Esos protocolos deben incluir la
obligación del Estado y los medios públicos y privados, de elaborar, adoptar y
cumplir esos instrumentos. Solo así adquirirá valor social la muerte de Paúl,
Xavier y Efraín.
Terry Anderson, corresponsal de AP en Oriente Medio,
que en su tiempo sobrevivió a siete años de cautiverio en Beirut, tras ser secuestrado
por uno de los grupos armados beligerantes en la zona, escribió en el primer
manual de seguridad de la CPJ: “No hay nota que valga una vida.”
