Carta abierta al presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional de Ecuador, asambleísta Jorge Corozo.

COLECTIVO ESPEJO LIBERTARIO CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR, ASAMBLEÍSTA JORGE COROZO El periodismo  ha evolucionado y se ha complejizado en los últimos 200 años en todo el mundo, en concordancia con el desarrollo de la producción industrial mediática, los avances tecnológicos, el crecimiento de la población mundial, de los derechos ciudadanos, así como el progreso de las ciencias sociales que implican a la comunicación social y de la propia deontología de este campo. Desde hace muchas décadas, el periodismo dejó de ser un oficio o una afición y, por el contrario, se ha ido consolidando la formación profesional en los diferentes ámbitos de la comunicación social, justamente porque esta práctica implica una rigurosa formación  multi e inter disciplinaria, cuya exigencia requiere de estudios de cuarto nivel. En la medida en que las investigaciones y las reflexiones teóricas en este y otros campos de las ciencias sociales han ido ampliando su mirada, inclusive a las tecnologías de la información y comunicación, la comunicación social se ha convertido en un área de estudio y ejercicio profesional cada vez más avanzado.  Ese proceso ha llevado a las universidades del mundo, estatales y privadas,  y por supuesto, a las de Ecuador, a fortalecer las facultades de Comunicación Social, para responder a las exigencias de la dinámica actual de la sociedad. A la cada vez más amplia demanda de profesionales de la comunicación en los ámbitos público, privado, académico, y otros, en los últimos años se ha sumado el periodismo digital, que igualmente requiere preparación universitaria. Fueron la academia y los gremios de periodistas los que bregaron para que se diera el salto hacia la profesionalización en los diferentes ámbitos de la comunicación. Los grandes medios de comunicación masiva se negaron a aceptar esa realidad durante mucho tiempo, hasta que el complejo desarrollo de la comunicación masiva los ha llevado a aceptar la formación sus equipos de trabajo con profesionales de la comunicación.  El Ecuador no fue ajeno a ese proceso. La Ley de Ejercicio Profesional del Periodista fue expedida a mediados de la década del 70 del siglo pasado. Ella estipula que los cargos de reporteros y editores que trabajan bajo remuneración, debían ser ocupados exclusivamente por graduados en las universidades. Esa misma ley exceptúa de la norma a los articulistas y columnistas, garantizando así la libertad de expresión.  La Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, expedida en 2013, tomó la posta de ese proceso y en su artículo 42 señala las funciones que deben ser ocupadas por profesionales de la comunicación, de manera exclusiva. Además garantiza a los ciudadanos sus derechos, al crear mecanismos no solo para que exprese sus opiniones, sino también para que replique y para que solicite rectificación a un medio, cuando éste hubiese afectado su honra con alguna publicación. De manera que, eliminar ese artículo, conforme lo ha expresado el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, es un retroceso de al menos medio siglo, en el caso de Ecuador. Por extensión,  implica negar la existencia de las facultades de comunicación de las universidades del país y los esfuerzos que realizan los estudiantes para su formación profesional.  Preocupa sobremanera este anuncio, que coincide con el interés de grupos de poder económico y político de incidir en la línea editorial de los medios de comunicación, especialmente los privados, que buscan simplificar el enfoque sobre este campo con fines poco claros. Las declaraciones del asambleísta Jorge Corozo apuntan a que la profesión de comunicador social y de periodista sea ejercida por personas que  desconocen los compromisos deontológicos de los profesionales de este ramo  de entregar productos comunicacionales de calidad, en concordancia con los objetivos de la comunicación de educar y  orientar a la sociedad. Preocupa, además,  que  esa declaración se haya producido a poco de que un dirigente de un gremio de dueños de medios propusiera, en el seno de la misma Comisión de Derechos Colectivos, la precarización de las remuneraciones de los periodistas. La supresión del referido artículo 42 crearía las condiciones para precarizar el trabajo periodístico y para que sus contenidos pierdan calidad en perjuicio de los ciudadanos. La Constitución de la Republica y la Ley Orgánica de Comunicación garantizan a los profesionales de la comunicación el ejercicio de esta actividad, cuando es de carácter permanente, en cualquier nivel o cargo, con excepción de los espacios de opinión y programas o columnas especializadas que mantienen profesionales o expertos de otras ramas. La Comisión  de Derechos Colectivos debería fortalecer la Ley Orgánica de Comunicación en el sentido de ampliar garantías a la sociedad, así como a las y los profesionales de la comunicación, cuyo ejercicio se ve amenazado desde diferentes ámbitos por sectores que responden a intereses que se oponen a la ética, la transparencia y los derechos humanos. Nos adherimos al llamado de los comunicadores profesionales del país a cerrar filas para rechazar la intensión de eliminar el Art. 42 de la Ley Orgánica de Comunicación y permanecer vigilantes.  Solicitamos a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional no acoger la propuesta del asambleísta Jorge Corozo, misma que significa un retroceso en la conquista de los derechos de los profesionales de la comunicación y de los ciudadanos a una comunicación democrática y de calidad. Quito, 3 de diciembre de 2018